
La guerra de las eléctricas contra el Gobierno es una guerra contra el conjunto de la ciudadanía. Es un chantaje que no debemos permitir.
La amenaza de las eléctricas es un atentado contra la democracia, contra las instituciones y una guerra contra la ciudadanía.
Es la evidencia de que han estado acostumbradas a creer que eran dueñas de España y que podían hacer y deshacer a su antojo pues los anteriores Gobiernos lo permitieron y, en muchos casos, vimos a altos cargos políticos girando sus puertas para acabar en los consejos de administración del oligopolio eléctrico.
Resulta vergonzoso ver al Partido Popular poniéndose del lado del oligopolio y exigiendo que sus beneficios queden intactos. Está claro que ellos gobiernan para las élites mientras que este Gobierno de coalición lo hace para la gente.
Durante semanas nos han repetido que las medidas de emergencia propuestas por Unidas Podemos al Gobierno eran imposibles. Hoy, lo que hace unas semanas era imposible, es posible y está en el BOE.
En Unidas Podemos sabemos muy bien que el sí se puede no es un lema, es una realidad.
Es la primera vez que un Gobierno de España se atreve a tocar los beneficios de las eléctricas y esto ha ocurrido porque es la primera vez que en el Gobierno hay una fuerza política que tiene las manos libres para poner primero a la gente y no al oligopolio.
Las medidas que ha sacado adelante el Gobierno son un importante avance que alivia inmediatamente a miles de familias en España que temían frente a cada factura de luz que les llegaba.
Sin embargo, sabemos que estas medidas de emergencia deberían ser estructurales pues es absurdo que las eléctricas se beneficien por cobrarnos energía barata al precio de la más cara en el mercado.
Desde UP impulsaremos estos cambios.
La privatización de los sectores estratégicos impulsada por los gobiernos del Partido Popular (Aznar) y del PSOE (González) se ha demostrado un rotundo fracaso y toca pensar cuál debe ser el papel del Estado.
Necesitamos un Estado fuerte con soberanía sobre sus recursos que pueda proteger un bien común público como es la energía y garantizar su acceso porque es un derecho básico.
Podem Mollet